Una ley nacida de 700.000 firmas.

Para reunir las firmas exigidas, la FCG y M+J unieron fuerzas con Regularización YA, la Fundación porCausa, Alianza por la Solidaridad y REDES. Juntos constituyeron el Comité Promotor formal bajo la campaña ciudadana #Esenciales, y utilizaron sus redes para aglutinar a más de 1.000 ONG, colectivos de migrantes y entidades religiosas.

La confluencia reunió a organizaciones que habitualmente se encuentran en extremos opuestos del espectro político, social y religioso en España. Que el Congreso aprobara la tramitación por una mayoría tan amplia demostró que la regularización no era la demanda de un sector ideológico, sino un consenso amplio de la sociedad civil.

Asumir ese coste no fue solo una decisión contable. Al cubrirlo en solitario, la Fundación alivió de la carga financiera a los colectivos de migrantes autoorganizados, como Regularización YA, que participaban en la coalición sin estructura económica comparable.

El resultado fue una alianza sostenida sobre la igualdad de esfuerzo operativo: cada organización aportaba su red y su trabajo, y ninguna quedaba fuera por no poder pagar la impresión de los pliegos o el franqueo de la correspondencia.

El cuello de botella y la solución digital

Durante la ventana de implementación, el trabajo de los promotores cambió del activismo político a la gestión administrativa de alta precisión. Era crítico evitar que el mecanismo estatal colapsara bajo las trabas burocráticas.

El obstáculo más grave era demostrar el arraigo comunitario y la exclusión social ante los ayuntamientos para obtener los informes oficiales. La FCG lanzó entonces el portal certificadovulnerabilidad.es, tras ser acreditada oficialmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La plataforma eliminó las colas físicas y permitió a miles de solicitantes tramitar su acreditación en línea, de forma segura y gratuita, sorteando el colapso de los servicios sociales municipales.

Diseñada por Alejandro Plans Beriso (portavoz de M+J y director de comunicación de la FCG), incorporaba verificaciones estrictas para que todos los certificados fueran plenamente válidos ante la Oficina de Extranjería: geolocalización precisa activada, copia escaneada del pasaporte original y un vídeo de dos minutos en el que el solicitante justificaba verbalmente su situación de exclusión y vulnerabilidad.

Una ventana de oportunidad histórica

Con la conclusión del proceso, el desfase estadístico de personas migrantes indocumentadas que viven en España se ha reducido prácticamente a cero. La FCG sostiene que resolver la irregularidad acumulada crea la oportunidad política y económica ideal para pasar de medidas de emergencia reactivas a políticas estructurales proactivas: la ampliación y diversificación urgente de vías migratorias seguras, legales y regulares como única solución sostenible a largo plazo.

El cuello de botella administrativo

Pese al éxito legislativo, el marco institucional sufre un colapso administrativo que no se limita a los expedientes de la regularización extraordinaria: afecta gravemente a todos los procedimientos de extranjería estándar.

El punto más grave se manifiesta a diario en el sistema de cita previa obligatoria para la recogida de datos biométricos. Las personas migrantes afrontan meses de espera solo para acceder al trámite de huellas necesario para obtener su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Agilizar, digitalizar y simplificar drásticamente esos pasos es hoy el reto más urgente para que el estatus legal se traduzca en inclusión institucional real.