Causas, situación actual y soluciones para Ceuta

El visado diferido: la huella como llave

España ofrece de forma individualizada a cada persona adulta la firma de un acta de retorno voluntario inmediato a cambio de un incentivo sin precedentes: la entrega en firme de un previsado oficial de trabajo o residencia que le permita volver a España legalmente dentro de tres años. Se sustituye la incertidumbre del limbo en la calle por una certeza jurídica a medio plazo.

La objeción evidente es que muchas de estas personas están indocumentadas y que los consulados marroquíes no van a colaborar en identificarlas. La objeción se resuelve sola: la Policía Nacional en Ceuta le toma las huellas dactilares. En el derecho moderno, la biometría es un identificador tan válido y único como un número de pasaporte. El previsado es otorgado a esa huella dactilar.

Su llave para entrar legalmente en Europa dentro de tres años no será un papel marroquí: será su propia huella en el sistema consular español. Es una jugada unilateral. Rabat no puede bloquear un trámite en el que no participa.

Corresponsabilidad europea y cambio de interlocutor

Ceuta no es solo una frontera española: es la frontera sur de la Unión Europea. España puede exigir la activación de los mecanismos de solidaridad y reparto entre Estados miembros y la implicación directa de Bruselas en la mesa, como ya se hizo con el programa de reubicación de refugiados sirios desde Italia y Grecia entre 2015 y 2017.

La UE dispone además de una palanca que España no tiene sola: condicionar los fondos europeos de control migratorio que recibe Marruecos al cese del bloqueo consular (los fondos otorgados a Marruecos desde España y desde la UE desde 2018 para la gestión de flujos migratorios, equipamiento policial y gestión de fronteras alcanzan los 2.000 millones de euros). Esto eleva el conflicto de un plano bilateral a uno comunitario. Frente a Bruselas, Berlín y París, el coste político de sostener el bloqueo se vuelve inasumible para Rabat.

Un centro de estancia temporal digno en Ceuta (CETAC)

Mientras se habilita la salida de Ceuta de las 12.000 personas en situación irregular, hace falta una infraestructura estatal de contingencia: alojamiento en módulos, tres raciones diarias, atención sanitaria de urgencia, agua corriente, duchas, letrinas conectadas al alcantarillado y espacios de formación. Concebido bajo estándares de Naciones Unidas y cofinanciado por España y la Unión Europea.

Dentro se instalarían de forma permanente las oficinas de la Policía Nacional y de la Oficina de Asilo y Refugio, para aplicar el filtro biométrico y tramitar caso a caso los visados diferidos o las derivaciones a otros Estados europeos, siempre bajo supervisión judicial.

El centro no funciona por la fuerza, sino por atracción. No es viable ni se pretende capturar a miles de personas que hoy transitan libremente. Funciona porque resuelve de forma digna el techo, la comida y la salubridad frente a la intemperie, y porque es el único canal donde el Estado resuelve efectivamente el futuro de cada persona. Eso pone fin de inmediato al drama de las familias durmiendo al raso y devuelve la normalidad a las calles de Ceuta.

Estado de excepción para recuperar la normalidad en la vía pública

Ante una ciudadanía exhausta y una población migrante al límite, y dado el tiempo que requiere implantar las soluciones de fondo, el informe considera imprescindible la adopción inmediata del estado de excepción para forzar de forma urgente el retorno a la normalidad en las calles.

De los mecanismos de alarma que habilita la Constitución, es el más adaptado y eficaz: el estado de sitio resultaría jurídicamente desproporcionado por estar reservado a insurrecciones armadas, y el estado de alarma carece de las herramientas coercitivas necesarias para atajar problemas de orden público.

Su finalidad es estrictamente el control de los movimientos en la vía pública: otorgaría a las autoridades competencias directas para prohibir concentraciones conflictivas, restringir el tránsito en zonas de asentamientos ilegales y agilizar los controles, devolviendo de inmediato una sólida sensación de seguridad a las barriadas ceutíes. La declaración de un estado de excepcionalidad no altera lo más mínimo la legislación internacional, el marco europeo ni los tratados de derechos humanos a los que España está adscrita.